"Declaratoria de Municipalistas por la paz territorial"

1- Los Municipalistas aquí presentes, reunidos en Manizales (Colombia) en el marco del XII Congreso Iberoamericana de Municipalistas reiteramos nuestro compromiso con la paz en la región iberoamericana, y en el mundo. En el contexto de la agenda global 2030, nos acogemos a los ODS y en especial al ODS 16 cuyo foco está centrado en “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles”, comprendiendo que no hay desarrollo sostenible sin paz y no hay paz sin equidad social, democracia ni justicia.

2- Los municipalistas reconocemos que vivimos en un mundo en crisis donde lo global y lo local está interrelacionado y nos unimos para fortalecer los lazos de solidaridad, cooperación y el apoyo mutuo entre localidades.

3- Las municipalidades mostramos voluntad activa por la paz y rechazamos vehementemente la violación de los Derechos Humanos, solidarizándonos con los pueblos y los gobiernos que viven o han vivido vulneraciones de derechos, opresión y represión, violencia organizada e indiscriminada, afectación por desastres naturales, o cualquier otra forma de violencia y discriminación por razón ideológica, cultural o nacional, género, étnica o de ciclo vital. Lo anterior, promulgando con el hecho de que deben existir modelos de autogobierno y de participación democrática y se debe promocionar, respetar y garantizar la diversidad, la pluralidad y la tolerancia activa y el respeto por los Derechos Humanos.

4- Las municipalidades aquí presentes apostamos por la salida negociada a los conflictos y en consecuencia, celebramos “el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” firmado recientemente entre el gobierno nacional de Colombia y las FARC-EP así como la mesa de negociación con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) para el logro de una paz completa en Colombia y clamamos por una implementación integral de los acuerdos de paz más allá de los cambios de gobierno.

5- Las municipalidades suscribimos la comprensión de la paz territorial como procesos de construcción social forjados desde los territorios que implican el acompañamiento a capacidades individuales, comunitarias, institucionales y sociales de transformación pacífica de conflictos y el apoyo a la creación de condiciones estructurales y culturales que eliminen las inequidades y las exclusiones, extiendan y profundicen prácticas de democracia participativa, participación social y desarrollo local, promuevan relaciones equitativas y establezcan mecanismos efectivos de justicia, reconciliación y seguridad humana.

6- Las municipalidades comprendemos que los conflictos son inherentes al ser humano pero que la violencia no lo es y por ende, abogamos por la transformación pacífica de los conflictos y el diálogo político ante situaciones de conflictos latentes o subyacentes.

7- Las municipalidades y las autoridades locales nos declaramos actores clave para la promoción del cambio social y nos comprometemos a que a nivel local se impulsen políticas públicas de paz lideradas, dinamizadas, concertadas y apropiadas por los mismos territorios con modelos de coordinación multinivel y participación de la pluralidad de actores del territorio.

8- Consideramos asimismo que estas políticas públicas de paz deben de construirse desde el territorio a través de modelos de planeación y presupuestación participativa. Abogamos por promover la creación de una arquitectura institucional favorable a la paz y con capacidad de gestión y financiación específica para temas de paz y desarrollo local, favoreciendo procesos de fortalecimiento comunitario, en la ejecución, control y veeduría ciudadana.

9- Los municipalistas consideramos que la paz territorial es también el fortalecimiento de las capacidades del Estado social y democrático de derecho para que éste sea un Estado inteligente, responsable y eficaz y promueva el buen gobierno, la gobernabilidad democrática, la descentralización política, la rendición de cuentas y que haya tolerancia cero hacia la corrupción, la malversación del gasto público y el soborno.

10- Los municipalistas comprendemos que la paz territorial demanda promover modelos de desarrollo que atajen la pobreza y reduzcan las desigualdades, que se brinden oportunidades reales para las comunidades más “vulnerabilizadas”, que se permita invertir en infraestructura productiva, servicios públicos de calidad y se generen modelos de economía sana, solidaria, sostenible ambientalmente amigable con esquemas de asociatividad, impulso al emprendimiento, a la empleabilidad y a la innovación así como a procesos de negocios inclusivos y comercialización justa.

11- Los municipalistas apostamos también por modelos de seguridad ciudadana que no estén basados en esquemas puramente judiciales o coercitivos si no en modelos de servicio de atención ciudadana con criterios de calidad y excelencia basada en una función preventiva integral desde una concepción multidimensional de la seguridad humana.

12- Los municipalistas apostamos por (re)construir con la ciudadanía la importancia del sentido de lo público y de la ciudadanía activa y defendemos la importancia de que haya inversión específica en temas de pedagogía para la paz, reconstrucción de la memoria histórica y colectiva y comunicación estratégica para la paz, contando con las comunidades y especialmente con las mujeres y los jóvenes como gestores de paz.

13- Los municipalistas hacemos el compromiso de abogar por que sean prioridad los derechos de las víctimas, porque haya procesos de reparación integral para ellas, promocionando y reconociendo los derechos superlativos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

14- Los municipalistas comprendemos finalmente que para lograr todo esto, debemos generar y fortalecer alianzas estratégicas para la paz en los territorios creando redes colaborativas que vinculen además de los gobiernos entre sí, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, la academia, el sector privado, la comunidad científica y tecnológica y la cooperación internacional y se generen esquemas de asociatividad (municipal, departamental) y de responsabilidad compartida.