La Agenda 2030 supone un gran reto para las entidades locales constituyéndose como una pieza clave en la construcción de sociedades sostenibles.

Con la adopción de los ODS y la Agenda 2030 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU en 2015, la atención se dirige  hacia  la implementación y el seguimiento a nivel nacional y subnacional, lo cual proporciona desafíos únicos pero también oportunidades.

Todos los ODS tienen metas directa o indirectamente relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales y regionales, y así se reconoce;  no son meros implementadores sino responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel de gobierno mejor situado para vincular los objetivos globales con las comunidades locales.

Desde la Agenda se defiende el potencial de la acción local para impulsar el desarrollo, haciéndose necesario solicitar los marcos legales y financieros adecuados para respaldar a los gobiernos locales y regionales en la consecución de una agenda integrada y universal.

Por lo tanto, el papel de los líderes de las ciudades es clave para impulsar el cambio global desde la base.  De ahí la importancia de la gestión de las autoridades locales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS ), la necesidad de conocer cuáles son sus desafíos enmarcados en los distintos objetivos propuestos y con qué herramientas o instrumentos de gestión  pueden contar para poder abordarlos desde sus instituciones.

En esta ocasión nos vamos a centrar en el Objetivo 16 y  el papel de los gobiernos locales para “propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”

Este objetivo consiste en mantener la seguridad de las personas y garantizar  que el gobierno local trabaja de forma efectiva y justa. Representa un compromiso histórico por parte de todos los gobiernos de trabajar, de forma individual y colectiva, para la prosperidad, la justicia y la paz de la ciudadanía.

La Agenda 2030 reconoce explícitamente que las sociedades pacífi­cas e inclusivas son tanto resultados como facilitadores del desarrollo sostenible. El Objetivo 16 compromete a los gobiernos a proporcionar acceso a la justicia para todos y construir insti­tuciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

La participación de la sociedad civil en el fomento de la imple­mentación inclusiva y abierta del Objetivo 16 y la rendición de cuentas será fundamental para garantizar que los gobiernos respondan a las necesidades de los diversos segmentos de la  sociedad.

Invita a los gobiernos locales a ser más efectivos y responsables con los ciudadanos, garantizando una gobernanza abierta e inclusiva, donde la sociedad civil se reconozca como socio indispensable en el diseño e implementación de las políticas de desarrollo sostenible a todos los niveles.

Nos centraremos, por  tanto, en las competencias directas de los gobiernos locales que establece este objetivo, compartiendo la visión e  iniciativas que se están desarrollando desde instituciones internacionales que constituyen un  referente en la temática así como  expertos internacionales de alto nivel.  Se darán algunas claves para la gestión local y abriremos un espacio de trabajo conjunto a través de laboratorios de innovación, partiendo de buenas prácticas aplicadas en distintos territorios de Iberoamérica a nivel local, regional y nacional.

El programa aborda tres temáticas diferenciadas  basadas en las metas propuestas para este objetivo:

Trataremos el tema de la violencia en los territorios y la importancia de garantizar la seguridad ciudadana en las zonas urbanas y  rurales,  así como los procesos de paz en zonas de conflicto,  y la importancia de los entes locales en su implementación.

Reducir la violencia desde nuestra comunidades en todas sus manifestaciones supone un paso imprescindible para conseguir la paz y seguridad mundial.

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes es otro de los propósitos marcados en este objetivo que incide directamente en la gestión pública de las entidades locales.

Es necesario combatir la corrupción y aumentar el acceso público a la información implementando políticas de transparencia eficientes desde el municipio.

Los gobiernos locales han liderado las iniciativas sobre nuevas formas de toma de decisiones participativas, pero estas iniciativas no se consideran suficientes dado que no se ven incluidas todas las necesidades  de la sociedad civil en los diferentes  niveles generándose sociedades injustas.

Este objetivo implica a las entidades locales para que focalicen sus esfuerzos  en este sentido, asumiendo más responsabilidades frente a las comunidades,  asegurando así  que ningún grupo quede excluido.