VOXLOCALIS #103

ACTUALIDAD

Javier Malagón, especialista para la UIM en materia de Municipios e Infancias, nos comparte una revisión de la evolución socio-histórica en políticas locales de infancia y adolescencia.

Muchos Gobiernos Locales en América Latina, en España y en el mundo entero llevan a cabo acciones cuya intención es contribuir -en alguna medida y desde algún punto de vista- a la mejora de la vida de niñas, niños y adolescentes. Esto, además, no es algo reciente, sino que viene sucediendo desde hace un número indeterminado de décadas, aunque cabe establecer su enraizamiento en concepciones de las políticas públicas que, desde el siglo XIX, atribuyen a los Estados funciones protectoras, promotoras y/o garantistas del bienestar de su población.

 

Sin embargo, la aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó, a nivel global, un punto de inflexión en esta trayectoria pues, a partir de ese momento, se dispondría de un instrumento político y jurídico de suma importancia, con rango de tratado internacional, para orientar con criterios comunes las políticas públicas de infancia y adolescencia de todos los países firmantes, actualmente todos los del mundo excepto los Estados Unidos de América.

 

No obstante las preocupaciones sobre el bienestar y los derechos de la infancia a nivel planetario se remontan a bastantes años antes. Como muestra, cabe destacar la aprobación en 1959 por Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos del Niño, la creación en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, de UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) y la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, en 1924, adoptada por la Sociedad de Naciones pocos años después del fin de la Primera Guerra Mundial.

 

Desde 1989 hasta el momento actual, la Convención viene siendo un estímulo para que los Estados revisen sus políticas públicas y su legislación, con el fin de asegurar su coherencia, o al menos que estén formalmente alineadas con el contenido de este tratado internacional. La Comisión de los Derechos del Niño es el órgano de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, que se ocupa de hacer el seguimiento y diagnóstico de la aplicación de la Convención en los distintos países y de emitir recomendaciones para la mejora de las políticas públicas en este ámbito.

 

Por supuesto, de lo nominal a lo real hay una distancia a menudo bastante grande; y aún faltan  recursos políticos, jurídicos y económicos para que los derechos de la infancia sean efectivos y estén realmente garantizados en todo el mundo; pero, aun así, la Convención representa un marco de valores y de referencias normativas comunes a la mayoría de los Estados, algo tremendamente difícil de conseguir y que no se debería banalizar, en términos de avance civilizatorio, por mucho camino que aún tengamos que recorrer.

 

Casi inmediatamente después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, muchas personas se preguntaron ¿Cómo pueden hacerse realidad sus contenidos en el ámbito local? Tengamos presente que en los años 90, al mismo tiempo que comenzaba la era de Internet, fue tomando cuerpo la reflexión sobre cómo articular de manera coherente y complementaria “lo global” y “lo local” sobre la base de nuevos modelos de desarrollo que pusieran a las personas y sus derechos en el centro de las propuestas políticas.

 

Los años 90 fueron ricos en nuevos conceptos políticos basados en formas novedosas de mediación y comunicación con la ciudadanía, como la noción de “gobernanza”, la cual sugiere maneras de gobernar -empresas, administraciones públicas y entidades de la sociedad civil- basadas en el diálogo, la negociación y la integración de puntos de vista diversos, tanto de agentes internos como externos a las organizaciones (stakeholders). 

 

Tempranamente hubo iniciativas sociales pioneras en ambos sentidos, tanto en lo que respecta la relación entre “lo local” y “lo global”, como en la importancia del diálogo y la participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas públicas. Al fin y al cabo estos enfoques venían cultivándose por numerosas organizaciones y movimientos sociales desde los años 70, muy especialmente en América Latina y en España, donde Paulo Freire y la Pedagogía de la Educación Popular dejaron una profunda huella democratizadora.

 

Una de esas iniciativas de comienzos de los 90, directamente relacionada con la aplicación de la Convención en el ámbito local, fue La ciudad de los niños (la città dei bambini), proyecto liderado por el pedagogo, escritor y dibujante italiano Francesco Tonucci -cuyo pseudónimo artístico es Frato- y que llevó a cabo inicialmente en su localidad natal, Fano, a instancias de una propuesta que le dirigió el alcalde de la ciudad.

 

El proyecto se puso en práctica con gran éxito en 1991, colocando a la infancia en el centro de la gestión del municipio. Con rapidez se extendió por Italia, España y América Latina principalmente, convirtiéndose hasta hoy, tanto el proyecto como Tonucci, en referencias internacionales de primer orden para el diseño y desarrollo práctico de políticas locales de infancia y adolescencia.

 

La propuesta que Tonucci/Frato traslada a través de este proyecto y de su creación artística y literaria es muy clara: los niños y las niñas tienen un gran potencial transformador de la realidad, no solo en lo que atañe a su propio bien, sino para el bienestar y mejora del conjunto de la población. Para ello hay que escuchar con atención y cariño lo que tienen que decir e incorporarles a los procesos de gestión y toma de decisiones de la ciudad.

 

La ciudad de los niños no es solo un proyecto educativo, sino que es también y esencialmente un proyecto político, en el sentido más profundo y bello de la palabra; y, si es educativo, que sin duda lo es, no va dirigido sólo a los niños y niñas sino al conjunto de la ciudadanía, pues las personas adultas deben admitir que los niños y las niñas pueden educarles en valores, actitudes y nuevas maneras de entender el mundo y de actuar en él para transformarlo.

 

De todo ello se deriva que la participación de niños, niñas y adolescentes haya venido siendo desde entonces un pilar central de las políticas locales de infancia y adolescencia basadas en un enfoque de derechos, con el fundamento que aporta específicamente el artículo 12 de la Convención, que dice lo siguiente:

“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño (…)”(CDN, art. 12.1)

 

Tonucci también destaca la importancia que el juego libre reviste para el desarrollo integral y saludable de la infancia y la enorme dificultad que muchos niños y niñas tienen para practicarlo en ciudades cuyos espacios públicos se han ido reduciendo o se ven comprometidos por el exceso de automóviles. La propia Convención en su artículo 31 recoge el derecho al juego y a la cultura en estos términos:

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. (…)” (CDN, art. 31.1).

 

No es este el espacio para trazar una semblanza en profundidad de Francesco Tonucci, de la riqueza de su pensamiento y del proyecto La ciudad de los niños;pero sí es justo y necesario situar a ambos como pioneros de las nuevas políticas de infancia y adolescencia basadas en un enfoque de derechos, con el respaldo y fundamento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

Sus aportaciones van a ser inspiradoras de muchas iniciativas locales y globales que irán surgiendo a lo largo del tiempo. Así lo han reconocido muchas instituciones internacionales, entre ellas Unicef España cuando en 2019 concedió a Tonucci el Premio Joaquín Ruíz Giménez “por su ejemplar trayectoria vital y profesional en defensa de los derechos de la infancia”.

 

En los 90 hubo también otros hitos que dieron impulso a las políticas locales de infancia y adolescencia. Uno especialmente reseñable fue la Conferencia “Hábitat II” de la ONU sobre asentamientos humanos, celebrada en Estambul (Turquía) en junio de 1996, con el objetivo de abordar dos temas principales relacionados con todas las naciones: “vivienda adecuada para todos” y “asentamientos humanos viables en un mundo que se urbaniza rápidamente”.

 

En esta Conferencia se puso de relieve el papel de las ciudades como motores de desarrollo y la tendencia a la concentración urbana como un factor determinante para las condiciones de vida de los seres humanos. Además, se insistió en la importancia de tener en cuenta a los sectores de la población más vulnerables, entre ellos a la infancia y, en especial, a los niños y niñas que viven en condiciones de pobreza. La Conferencia declaró que “El bienestar de los niños es el indicador definitivo de un hábitat sano, de una sociedad democrática y de una buena gobernanza”.

 

Precisamente en 1996, en el marco de Hábitat II, UNICEF y ONU-Hábitat lanzaron la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia (Child Friendly Cities Initiative) con el propósito de apoyar a los gobiernos locales en la realización de los derechos de los niños a nivel local, utilizando la Convención sobre los Derechos del Niño como base.  Esta Iniciativa se adapta a la realidad de cada país, pero en todos se parte de un principio común: escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes para tener en cuenta sus opiniones y propuestas en la gestión pública.

 

Por último, citaremos dos acontecimientos más de especial relevancia en la trayectoria de este tipo de políticas. El primero fue la aprobación por NN.UU. en 2015 de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando una amplia variedad de temas de tipo social, político, económico, cultural y medioambiental. El segundo fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, celebrada en 2016, en Quito (Ecuador), de la que surgió la Nueva Agenda Urbana (NAU) para acelerar el logro de los ODS.

 

En España el desarrollo de las políticas locales de infancia y adolescencia se produjo a partir de mediados de los 90, impulsado por ayuntamientos sensibilizados por la Convención sobre los Derechos del Niño, las aportaciones de Tonucci y las experiencias basadas en el proyecto La ciudad de los niños. En 2002 UNICEF España puso en marcha el Programa Ciudades Amigas de la Infancia con apoyo ministerial, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA).

 

La convergencia entre los ayuntamientos pioneros y UNICEF fue generando con el tiempo una experiencia exitosa que llega hasta hoy, uno de cuyos resultados es que en 2023 existen más de 300 municipios reconocidos formalmente por UNICEF como Ciudades Amigas de la Infancia, en base a un protocolo deReconocimiento renovable periódicamente que incluye requisitos tales como contar con un plan local de infancia y adolescencia, órganos de participación infantil y adolescente, estructuras de coordinación internas y externas, etc.

 

En distintas zonas del Estado español existen, además, otras experiencias de coordinación en las que los ayuntamientos intercambian buenas prácticas, definen criterios de actuación, organizan acciones conjuntas, etc. La colaboración intermunicipal, con otras Administraciones Públicas y con distintos agentes sociales es necesaria para la garantía eficaz de los derechos de la infancia, sin olvidar que niños, niñas y adolescentes deben expresarse con voz propia y tener un papel protagonista en estos procesos, tal como lo pide la Convención que promueve sus derechos.

 


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