La crisis en Venezuela, que data desde hace más de cinco años, ha provocado un intenso flujo migratorio de ciudadanos venezolanos a países de América Latina como Brasil, Colombia y Chile, y también a los Estados Unidos, como consecuencia de la recesión que vive el país desde 2013, que incluye inflación, escasez de alimentos y productos de necesidad básica. Después de la muerte del presidente populista Hugo Chávez, el país se vio dividido por las intensas disputas políticas entre oposición y gobierno, además de enfrentarse a condiciones económicas extremadamente desfavorables como la brusca caída del precio del barril de petróleo, base de la economía de Venezuela. En un escenario así, se anticipa insostenible mantener el antiguo modelo de control estatal del "chavismo" dentro de una enorme crisis política y económica.
Como resultado, la población venezolana es la más afectada: hay escasez de alimentos, productos de higiene, medicinas, además de enfrentar una inflación superior al 800% al año, aumentando aún más los precios de los productos (que raramente se encuentran). Con este contexto, la violencia e inseguridad ganaron protagonismo. En 2017, el país tuvo los índices de homicidio más altos de América Latina: 26.616 personas fueron asesinadas de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Este informe asocia las causas de las muertes a la baja de la calidad de vida de los venezolanos, la disolución sistemática del estado de derecho en el país y el aumento de la violencia y de la represión por parte del Estado.
Todo el caos instaurado en Venezuela provocó una fuerte ola migratoria de venezolanos hacia países fronterizos de América Latina, incluyendo el Brasil, que recibió cerca de 40.000 personas tras el agravamiento de la crisis (El País, 2018)[1]. Pero ¿cómo impacta en los municipios y gobiernos locales ese gran número de personas que llegan en busca de refugio? ¿Las ciudades latinoamericanas están preparadas para recibirlas y ofrecer la ayuda humanitaria que necesitan?
Solamente en el mes de enero de 2018, se estima que pasaron por la frontera terrestre de Pacaraima (Roraima, Brasil) ocho mil inmigrantes que atravesaron la ciudad vecina venezolana de Santa Elena de Uairén. Sin embargo, no es posible afirmar los números con precisión, pues no hay un sistema de control en las fronteras que visibilice y construya indicadores que den cuenta de la dimensión del flujo de personas y de los desafíos a enfrentarse, lo que desafortunadamente puede ser un indicio de la falta de preparación de la región para recibir a los migrantes. Aunque no sean precisos, los datos estiman una realidad innegable: el impacto de la inmigración es notable por todos los lados. Las solicitudes de refugio en la Policía Federal brasileña aumentan cada año, de 280 solicitudes cuando inició el auge de la crisis, se alcanzaron 2.312 en 2016 y batió su registro en 2017, con 17.130 pedidos, como ilustra la tabla abajo.
Fuente: Infografía, Alexandre Mauro / G1
Por las ciudades del estado de Roraima, como Pacaraima y Boa Vista, es posible ver incesantemente, personas en las calles y vías de tránsito pidiendo comida y empleo, albergues públicos superpoblados, y viviendas particulares compartidas por más de 31 inmigrantes juntos. Aparte de eso, hay un gran desafío por parte de tomadores de decisión y gobiernos, sobre todo locales, en relación a un plan de políticas públicas para para hacer frente a la situación del flujo de migración venezolana: el hecho de que no todos pueden ser considerados "refugiados", ya que esta condición se da a aquellos que se ven obligados a abandonar su país debido a causas como persecuciones políticas, étnicas, religiosas, conflictos y catástrofes naturales. Es decir que, regularizar la situación de quien pide "refugio", conforme a los trámites legales, se vuelve aún más difícil, construyendo una gran barrera en el control migratorio en las ciudades fronterizas.
Ante este contexto, a principios de 2018 el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentó nuevas directrices y recomendaciones a los Estados latinoamericanos que los alienta a garantizar el ingreso de venezolanos a los territorios y a los procedimientos para determinar el status de refugiado para que puedan tener acceso a los derechos básicos de salud, educación, seguridad, refugio y trabajo en los países de destino. Por esa razón, en junio de ese año, el ACNUR inauguró un centro de recepción y documentación en Pacaraima con el objetivo de mejorar la identificación de los recién llegados, emitir los documentos necesarios para su estadía y encaminarlos hacia refugios.
En este sentido, por más que el desafío sea a nivel federal e internacional, el impacto de la inmigración se percibe de manera más directa en el ámbito local, ya que afecta directamente a los servicios de salud, educación y seguridad, que en muchas ciudades de la región ya están sobrecargados, de acuerdo con las autoridades locales. En la red de salud pública, por ejemplo, según la Secretaría de Salud de Roraima en 2014, 760 venezolanos fueron atendidos por sus servicios. En 2017 la cantidad se multiplicó hasta veinte veces más, llegando a 15.055 personas atendidas.
Es posible advertir que los municipios de ciudades como Pacaraima y Boa Vista, y tantas otras en la frontera con Venezuela están enfrentando una grave crisis humanitaria, ya que no tienen los medios, recursos y planificaciones necesarios para recibir un contingente tan expresivo de personas necesitadas. Y eso se agrava cuando se trata de mujeres y niños, pues la mayoría de las veces, los programas de protección, recepción y atención de refugiados no consideran en absoluto la perspectiva de género y las demandas, necesidades y cuidados específicos que las mujeres migrantes necesitan.
No hay un número exacto de cuántas personas ya salieron de Venezuela, pero se estima que cerca del 40% son mujeres. En general, las mujeres y los niños son los más afectados cuando se trata de la (in)seguridad a nivel local y estatal. Si comparamos mujeres y hombres migrantes de misma origen, edad, etnia, etc., se percibe que en el caso de la mujer, la integración local puede ser un desafío aún mayor, pues debido a los vacíos encontrados en los mecanismos de protección, la particularidad de sus demandas no son tenidas en cuenta, lo cual provoca en las mujeres condiciones de vulnerabilidad, toda vez que en la sociedad la mujer ya enfrenta diferencias sociales impuestas por un sistema patriarcal que por lo general subyuga y la coloca en un nivel inferior.
Así, los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas tienden a ser más intensos y duros. Primero porque, en general, la mujer que migra y tiene hijos, los lleva consigo asumiendo casi en exclusiva la responsabilidad de alimentar y garantizar la seguridad y el bienestar no sólo de una persona, sino de dos, tres, o incluso más. Otro factor es que, socialmente, la mujer encuentra barreras y dificultades mayores para conseguir un empleo digno y con remuneración equiparada a la media. Además, numerosas noticias publicadas en medios de comunicación relatan situaciones de explotación sexual y violencia contra las mujeres migrantes, que muchas veces son obligadas a ofrecer sexo a cambio de comida.
Sin bien la cantidad de mujeres y hombres migrantes está creciendo en la misma proporción, las cuestiones de género en las migraciones todavía siguen invisibilizadas y no son consideradas en la formulación de políticas públicas como tampoco en los programas de asistencia a refugiados o migrantes. Se observa que las mujeres en la sociedad, tanto refugiadas como ciudadanas locales, son sometidas a diversas formas de violencia - violencia física, psicológica, económica, patrimonial, acoso sexual, violación, entre tantas otras.
Este escenario se agrava en el contexto de la migración y el refugio. Se reconoce, incluso, mujeres que en el intento de huir de la violencia, del hambre y el desempleo en Venezuela, se someten a servicios clandestinos y muchas veces acaban siendo captadas por el tráfico de drogas o la explotación sexual. Además, muchas de ellas cuentan que al llegar a un país extranjero, se sienten vulnerables a las entidades públicas legales y policiales, toda vez que por estar en situación irregular, temen que al denunciar la violencia a la que están expuestas, sean deportadas.
Por esa razón y con el intento de visibilizar e interrumpir la violencia sufrida por mujeres y niñas, principalmente en el contexto de la crisis, en el marco del Día Internacional de La Mujer fue aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela un acuerdo sobre la situación de las mujeres hoy en Venezuela y en países extranjeros, que incluye el mandato de informar a todas las instancias internacionales, en lo cual destacamos:
SEXTO. Solicitar a los países de la región y países de acogida de nuestras migrantes, que entiendan la grave crisis que vive Venezuela y puedan generar mecanismos eficaces para evitar la violación de los derechos de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas para que sean protegidas en su vulnerabilidad.
Acuerdo sobre el Día Internacional de La Mujer (Asamblea Nacional De La República Bolivariana De Venezuela, 2018)
En este sentido, se ve necesario advertir que hay una emergencia en América Latina, y principalmente en los municipios fronterizos como Pacaraima y Boa Vista para la creación de mecanismos de protección y formulación de políticas públicas pensadas con perspectiva de género ante el reciente fenómeno de la migración venezolana en la región. Teniendo en cuenta que la marginación del migrante, ya visto como subalterno en la sociedad, se vuelve doblemente segregada cuando se trata de la migración femenina, creando, según la activista feminista Gayatric Spivak, una especie de "subalterno del subalterno".
Larissa Marques
Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género
Referencias bibliográficas:
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10303.pdf
http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2018/03/Desafio-migrato%CC%81rio-Roraima-policy-paper.pdf
https://neai-unesp.org/crise-na-venezuela-agrava-fluxo-migratorio-para-o-brasil/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43720865
Fuente: Marcelo Mora/Amazônia Real -https://bit.ly/2vlW57l
Foto Portada: Colas delante de la Policía Federal muestran el aumento de la inmigración venezolana.
Fuente Porada: Inaê Brandão/G1 RR - https://bit.ly/2OHEDC6
[1] Ver más en: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/16/politica/1518736071_492585.html
Brasil )