A inicios de la década de los 80 del siglo pasado,  nuestro país retornaba a la democracia; donde anterior a esta década, los espacios locales estaban constituido por municipalidades cuyas autoridades  no eran elegidos democráticamente, mediante el voto popular; eran elegidos en forma autoritaria y vertical, por parte del Gobierno Central que se encontraba bajo un régimen dictatorial.

Durante esta etapa, de Transición Democrática, encabezado por el gobierno democrático del Arq. Fernando Belaunde Terry; por primera vez se convoca a elecciones municipales para elegir a las autoridades ediles, cuya función era  administrar los pocos recursos que contaban estas entidades ediles, que en su gran mayoría era producto de cobro de impuestos en sus diferentes aspectos, a los contribuyentes.

Esto implicaba, en aquel entonces, que las autoridades locales se encargasen de realizar gestiones ante el gobierno nacional para que pudieran hacer obras de infraestructura que generen impactos sociales, buscando en todo momento el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos.

Posteriormente en la década siguiente, desde el gobierno central se comenzaron a realizar transferencias financieras económicas a los gobiernos locales, para que los municipios contaran con recursos económicos; de esa manera poder administrar y brindar algunas inversiones dentro de su territorio. Estas transferencias se realizaron mediante los Fondos de Compensación Municipal (FONCOMUN), donde se les asignaba recursos a las municipalidades de acuerdo a su población y no a su mapa de pobreza.

Este proceso de transferencia,  generó una disparidad en la distribución de recursos; ya que, los gobiernos locales de las urbes eran los que tenían mayor cantidad de recursos del FONCOMUN, debido a la mayor cantidad de habitantes que cuentan; mientras que los de las zonas rurales y alejados de las ciudades con situación de pobreza extrema y con Necesidades Básica Insatisfechas (NBI), no contaban con muchos recursos económicos; para poder mejorar sus condiciones de vida.

A partir del año 2003, con el gobierno de Alejandro Toledo, se aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM N° 27972), donde le facultan a las municipalidades una serie de  funciones. Además de asignarles otros recursos financieros, como canon pesquero, forestal, minero, etc.; para de esa manera invertir en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus ciudadanos.

Del mismo modo, se le asigna otras responsabilidades de carácter administrativo, estratégico y técnico, como es la incorporación de la participación de la ciudadanía en los diversos aspectos de la gestión municipal, como en el Presupuesto Participativo, la Consulta Popular, Referéndum y Vigilancia Ciudadana, por ejemplo;  además de la elaboración del Plan del de Desarrollo Territorial y/o Local Participativo (PDLC), Plan Estratégico, Programas y Proyectos de Desarrollo Local, dentro del marco de la planificación y participación de los diferentes actores locales que se encuentran inmersos en el territorio subnacional.

Estos instrumentos de gestión y desarrollo territorial, se han convertido en una necesidad y demanda; ya que, va a permitir a todos los actores locales como: Educación, Salud, Medio Ambiente, Economía, Agricultura, etc.; adecuar sus planes  estratégicos de desarrollo al Plan de Desarrollo Local Concertado (PLDC)  con la finalidad de apuntalar todos hacia la misma visión del desarrollo territorial, y los objetivos estratégicos de los involucrados.

Producto de este documento, los gobiernos locales se han convertido en los conductores y líderes del desarrollo territorial y/o local; porque son los encargados de articular a los diferentes sectores sociales, económicos, agrícolas, ambientales, públicos y privados, etc., en el trabajo hacia dicha visión en forma prospectiva.

Es importante manifestar que la planificación en los gobiernos locales, no existía ni se practicaba; recientemente, en el presente siglo se comienza a incorporar esta técnica; donde los recursos que se les asignaba tenían que estar cronogramado, incorporado al Plan Anual de Inversiones.

En estos últimos 15 años, la planificación, el plan, los programas, los proyectos y las actividades, se van incorporando a la gestión municipal;  actualmente se le denomina presupuesto por resultado, gestión por resultados, etc.

A partir de esta etapa, los gobiernos locales en el Perú van asumiendo retos y responsabilidades para fortalecerse como líderes del desarrollo en sus territorios. De esa manera la planificación ha comenzado a ser incorporado dentro de la gestión municipal como un elemento importante y fundamental para el Desarrollo Local/Territorial.

Por lo tanto es importante indicar que el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), no es un instrumento de la municipalidad o del gobierno local, sino es del territorio; donde todos los actores locales deben adecuar sus instrumentos de gestión a dicho plan;  de esa manera poder articularlo a las políticas locales dentro del marco social, cultural, ambiental, económico, cultural, político, etc.

Actualmente, el liderazgo no se da en torno a una persona que se convierte en la máxima autoridad y/o representante del gobierno local; ni el que dispone de los recursos público que tiene el gobierno local de acuerdo a sus intereses personales, etc. Ahora debemos entender que el liderazgo individual es reemplazado por el liderazgo institucional; rol que cumple el gobierno local dentro del territorio, donde asume su conducción de estadista, que coordina con otros actores locales, que involucra a la sociedad civil,  generando democracia participativa, planificación, transparencia,  construyendo desarrollo territorial y/o local. Es decir, en este proceso de cambios se incorpora una serie de elementos vinculados a los valores, mencionados líneas arriba.

Ese debe ser el nuevo liderazgo del gobierno local en una nueva coyuntura política electoral local, que se avecina en nuestro país, donde los electores deben tomar en cuenta para decidir por quienes van a elegir.