POLÍTICAS SOSTENIBLES PARA UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL RESPONSABLE
Por Cristina López Cruz (@LocruCris)
El papel que juegan los gobiernos locales en la implantación de medidas a favor de un desarrollo sosteniblees imprescindible, no sólo por su incuestionable eficacia dada la proximidad de estas actuaciones en el día a día del ciudadano sino también por la indudable labor de concienciación que promueven. Sin embargo, cada nueva política de protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos, supone un mar de polémicas entre los administrados.
Municipios españoles, colombianos, franceses o noruegos, se han visto envueltos en grandes polémicas cuando trataban de gestionar las crisis ambientales estableciendo planes como la reducción de tráfico de coches que permitían sólo su uso según el número de placa del vehículo (Madrid, París o Bogotá), prohibiendo la circulación temporal de vehículos diésel (Oslo) o suscribiendo contratos de compraventa de energía en los que se exigen a las empresas comercializadoras que garanticen energía 100% renovable (Cádiz o Zaragoza).
Las medidas adoptadas por estos municipios pueden ser tildadas de insuficientes o atropelladas, pero en todo caso, las decisiones adoptadas por los gobernantes constatan que ni la Administración, ni los administrados, podemos escapar a un problema que tenemos sobre nuestras cabezas, el deterioro del medio ambiente, y las consecuencias que sobre la salud genera.
La cuestión fundamental, más allá del debido y necesario debate técnico sobre la idoneidad de las medidas adoptadas, es la falta de concienciación ambientaly sus consecuencias. Somos los ciudadanos quienes discutimos, nos molestamos, despotricamos, sin analizar ni plantearnos qué hacer ante una problemática que requiere de la ejecución de actuaciones urgentes, la asunción de responsabilidades por parte de Administración y administrados, y que incluso exige un punto de sacrificio y compromiso por nuestra parte. En consecuencia, la responsabilidad de las administraciones públicas va más allá de la implantación de políticas puramente disuasorias llegando a ser necesario la aplicación de políticas coercitivas.
La proclamación de la Agenda 21, fruto de la Conferencia de Naciones Unidas de Río en el año 1992, perseguía el establecimiento de un nuevo orden económico mundial sobre la base del respeto a la naturaleza, de la consecución del desarrollo sostenible y reducción de daños ambientales. Con estos objetivos se entendió que la implementación de estrategias de sostenibilidad debía aplicarse, por la incidencia que debieran tener sobre los ciudadanos, en el ámbito local.
El hecho de centrar la aplicación de la Agenda 21 en el ámbito local, no es sino el resultado del incipiente desarrollo de la gestión pública responsable, en el marco de la negación de que, la exigencia de actuación responsable y generación de valor compartido con la sociedad es una exigencia exclusiva de las empresas privadas. Afirmar que la responsabilidad del desarrollo de una sociedad sostenible es exclusiva de las entidades privadas, sería contrario a la esencia propia de las Administraciones Públicas cuya función es la gestión del bien común, y como tal, requiere la responsabilidad de la implantación de unas políticas sostenibles que contribuyan a mejorar la vida y la salud de las personas y no al contrario.
A las administraciones Públicas se les exige por tanto una gestión pública responsable, sostenible, y no sólo por su propia función, también porque desde el momento que las Administraciones Públicas exigen a la empresa privada unos estándares mínimos de comportamiento social y medioambiental, aumenta la exigencia de que se observen rigurosamente los distintos principios y requisitos que piden a terceros.
Con estas premisas y, partiendo del conocimiento de la gestión municipal y su incidencia en el entorno, se estudiaron distintos instrumentos destinados a poner en práctica iniciativas de sostenibilidad adaptables a la realidad de cada entidad local, entre ellas, aquellas que han sido y serán objeto de polémica.
Con precisión y claridad se expresa esta idea en el Manual de Gestión Pública Responsable (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas, FIIAPP, año 2011), texto que entreabre una puerta a la tolerancia y al entendimiento entre la Administración y el administrado.
“La Gestión Pública Responsable es un camino de progreso y como tal de avances razonables y firmes que han de permitir alcanzar resultados de forma planificada. Para llegar a las mejores prácticas, las organizaciones han efectuado un recorrido, amparado por políticas públicas cuya definición y posterior ejecución han sido la clave de la travesía concluida con los resultados. La buena práctica no es más que la cúspide de una política pública secundada por una acción o por un conjunto de acciones. Pueden existir buenas prácticas resultado del azar o de una acción esporádica y no planificada, pero aún en ese caso, detrás habrá existido una decisión y una manera de hacer las cosas, origen de la consecución del resultado.”
Bibliografía:
Organización de Estados Iberoamericanos. Revista Iberoamericana de Educación. Número 11-Educación Ambiental: Teoría y Práctica.
http://rieoei.org/oeivirt/rie11a02.htm
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas.
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter1.htm
Observatorio Contratación Pública
Foro de la Contratación Socialmente Responsable
Consultora legal independiente con especialidad en energías renovables y medio ambiente. Master en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría para Empresas. Master en Medio Ambiente y Energías Renovables. Experiencia laboral: España, Panamá y Colombia.
Cristina López Cruz. España.
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