Por: Jessica de Lima e Silva[i]

 

Brasil es una de las democracias que enfrentan los retos de la baja confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones gubernamentales. En España, tras la crisis de 2008 y la disminución del Estado de bienestar, cada vez más privatizado y menos participativo se incrementó el mismo fenómeno de desconfianza hacia al estado. Sin embargo, la crisis brasileña que no es sólo económica y comprende además de las desigualdades históricas, las cuestiones socio-económicas inminentes del momento histórico y las sucesivas pérdidas de derechos.

 

La crisis brasileña se enmarca por varios escándalos de corrupción y una verdadera crisis de representatividad. Aunque las políticas públicas valoren cada vez más la participación ciudadana en su concepción y ejecución, como viene siendo la tendencia en los países democráticos, la falta de involucramiento de los ciudadanos es evidente.

 

Esta ruptura en el tejido social se torna más evidente en uno de los peores momentos políticos brasileños en que la participación política en diversas manifestaciones demuestra la falta de cohesión social y la fragilidad de los vínculos Estado-ciudadanía, tal como ocurrió en las ¡Diretas Já!, el movimiento de los años 85 y 86 reivindicaba la votación directa para la presidencia de la república en un periodo en que el país se re democratizaba después de una dictadura militar de más de 20 años.

 

Ahora, en el seno de un gobierno democrático, la ciudadanía irrumpe en sucesivas protestas que reivindican el derecho de una democracia que no sea simbólica y en la cual la ciudadanía se vea representada. La participación política ‘provocada’ divide el país en diferentes movimientos sociales que culminan en huelgas y protestas.

 

La fragilización de los derechos ciudadanos, como se evidencia con los proyectos de ley de Reforma de la Seguridad Social, la flexibilización de las leyes que regulan el trabajo y la Ley de Tercerización, entre otros, son algunos de los retrocesos en los derechos de la ciudadanía. La flexibilización de los derechos ciudadanos y el avance del neoliberalismo es un fenómeno mundial que afecta a los gobiernos democráticos.

 

Al mismo tiempo que el mundo se vuelve cada vez más desigual hay una creciente necesidad de un Estado del bienestar, que por su vez deja cada vez más de existir. La exclusión social y precariedad se relaciona con los derechos que se van perdiendo y los discursos usados para legitimar esa pérdida. Según el Informe sobre la Riqueza Global[1] de 2015, de la Credit Suisse, la desigualdad en el mundo es creciente y ya es uno de los nuevos retos que debe ser repensado por una forma de funcionamiento social más sostenible.

 

Pues el Estado de derechos que tuvo su auge al principio de la democratización de los países sufre un proceso de desgaste que es mundial y acompañado del descontentamiento de la ciudadanía en Europa y América Latina.  Según el Estudio Edelman Trust Barometer[2], en Brasil apenas el 24% de la población confía en el gobierno, y de 2016 hasta 2017 la confianza hacia el gobierno ha disminuido significativamente. La calidad de las democracias actuales y los procesos de deslegitimación de los gobiernos tienen relación directa con las cuestiones de precarización de la vida y pérdida de derechos. Las sucesivas pérdidas económicas, sociales y políticas debilitan la creencia de que el estado sea capaz de representar la población y garantizar derechos y servicios. Esto tiene como resultado niveles de descontentamiento y desafección política cada vez más elevados.

 

La democracia deliberativa es una alternativa pertinente en el momento de desgaste del modelo de gobierno actual y una respuesta a la necesidad de involucramiento de la población en las tomas de decisiones y en la gobernanza. La democracia deliberativa surge como respuesta y posible solución al proceso de desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos, instituciones y a la propia democracia. La transparencia política desempeña un papel fundamental en ese proceso, ya que el diálogo es una de las formas de recuperar lo que el desgaste ha producido en el campo de la política. Esto se debe a que no es posible que un gobierno que pretende dirigir la vida de un colectivo esté centrado en un modelo individualista, sin contemplar los intereses y expectativas de su población.

 

Una gobernanza y toma de decisiones centradas en los intereses particulares de sus políticos y de las élites, tal como se desenmascaró escandalosamente en las sucesivas investigaciones de corrupción, realmente no pueden producir niveles de confianza muy elevados. El doloroso proceso de desenmascaramiento ocurrido a través de la operación Lava Jato constata no solo la corrupción ocurrida entre políticos y élite empresarial, sino también la corrupción que sigue ocurriendo a través en un sistema de justicia también corrupto y que actúa independiente de la democracia.

Según expertos en el tema, la calidad democrática se puede valorar a través de indicadores importantes como representación política, gobernabilidad, rendimiento de cuentas, participación ciudadana, medios de comunicación y satisfacción con la democracia. En la mayor parte de eses quesitos la población brasileña se ve descontenta.

 

En investigación sobre el Índice de Confianza Social[3] realizado por IBOPE de 2016, las instituciones políticas son las que menor puntuación tienen. Los partidos políticos, el Congreso Nacional, los gobiernos municipales y el gobierno federal tienen puntuaciones inferiores a 33, en una escala de 0 hasta 100. En posiciones mejores están el cuerpo de bomberos, las iglesias, las fuerzas armadas, las empresas e incluso los bancos.  

La desconfianza aprendida que domina la población en un proceso de desesperanza que caracterizó a la ciudadanía brasileña durante muchos años como pasiva, reacciona nuevamente tras décadas. Miles de brasileños, que aunque con posicionamientos distintos, se descompensan con la política indecente de sus gobernantes.

 

Más que el descontento, es importante que los actos políticos sobrepasen los instintos, la revuelta e incorporen una representación ciudadana cada vez más organizada y capaz de establecer sus propias pautas e influir en la toma de decisiones y en las administraciones públicas. Una democracia saludable se encuentra en un punto intermedio entre la participación política, social y la toma de decisión.

 

La participación ciudadana es también responsable de la legitimidad de los gobiernos y beneficia a la nación en su conjunto. De ese modo, concienciar a los ciudadanos de la importancia de su papel dentro de la democracia es fundamental, ya que muchas veces la desafección política tiende a incrementar la apatía en vez de la participación y eso como se diría en Brasil, es un “plato lleno (prato cheio)” a los intereses poco éticos de quienes están en el poder.

 

La herencia de una dictadura que transformó participación política en “baderna” o en “desorden social” aún criminaliza los movimientos sociales, y, con ello, la igualdad de derechos entre ciudadanos y la participación política que fueron arduamente conquistados con la democracia y que deben ser incorporados por la ciudadanía brasileña como parte del ser ciudadano. Así, como debe ser incorporado por los gobiernos la gestión de sus políticas junto a la ciudadanía.