El cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI, si se tienen en cuenta sus características globales y asimétricas. En el contexto de una economía global, los efectos de esos cambios, la adaptación a las nuevas condiciones y la instrumentación de los procesos de mitigación de los gases de efecto invernadero, implican la realización de esfuerzos de tal magnitud, que impondrán la necesidad de redefinir el estilo de desarrollo de los países, en un nuevo marco de desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica y demográfica. Los procesos de urbanización han sido muy acentuados en América Latina y el Caribe donde, en muchos casos, la expansión de las ciudades carece de una planificación urbana que permita, por un lado, garantizar el abastecimiento actual y futuro de los servicios y, por otro, prevenir mediante el ordenamiento territorial consecuencias que las hace vulnerables a situaciones adversas.

En términos de políticas públicas, la gravedad de esta situación para el bienestar social y las actividades económicas en su conjunto, lleva necesario orientar el esfuerzo de los gobiernos locales en replantear y rediseñar la actual gestión pública local ante estos escenarios.

Existe una clara realidad, es en las ciudades donde se originan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GI) y donde se asumen las consecuencias e impactos del cambio climático, es por tanto que son los gobiernos locales los que tienen un papel a desempeñar muy importante en la atenuación de los efectos contra el cambio climático, ya sea en su mitigación, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero o bien en la adaptación a los cambios y retos que trae o traerá el calentamiento de la Tierra tales como el mayor número de tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, olas de calor y, posiblemente escasez de agua.

Sin embargo su actuación se puede ver limitada por su propia capacidad institucional, es decir, los gobiernos locales pueden enfrentar obstáculos o barreras institucionales, es el caso de la estructura de gobierno, la capacidad técnica, administrativa y/o financiera, la cooperación y coordinación multisectorial o la participación pública, entre otras.

La implementación de medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático desde los gobiernos locales, deberán salvar estos obstáculos estructurales, para poder alinearse y dar realidad a los compromisos nacionales asumidos en los marcos jurídicos e institucionales, con el fin de responder y enfrentar de manera más efectiva los desafíos y riesgos del cambio climático.

Nuestra propuesta se basa en la consideración de que la implementación exitosa de las políticas nacionales sobre cambio climático, tiene su base práctica en gobiernos locales con las competencias necesarias y suficientes para desempeñar adecuadamente su función, y una sociedad concientizada, con capacidad de participar eficientemente en las decisiones de gobierno y en la fiscalización de la gestión pública.

Desde nuestra perspectiva, una ciudad sostenible debe incorporar la capacidad de resiliencia en todas las instancias de su desarrollo: la planificación, el presupuesto, los proyectos e instrumentos normativos, y la educación. Para ello, es fundamental basarse tanto en la generación y aplicación de información técnico-científica, como en el desarrollo de capacidades locales que permitan prevenir, afrontar y mitigar los efectos del cambio climático en la población, en la infraestructura y en los medios de vida.