La participación ciudadana en relación al Estado puede diferenciarse en dos ámbitos: el primero está referido al sistema de decisiones políticas de los órganos representativos, es decir las elecciones para elegir autoridades del nivel central, regional y local. El segundo ámbito se relaciona directamente con la incidencia ciudadana en el sistema de la gestión pública, donde confluyen los asuntos pertinentes a la administración gubernamental, el planeamiento y ejecución de las políticas públicas, la transparencia y el control ciudadano.

En los tiempos que transitamos, los Estados no puede obviar la opinión ciudadana, puesto que día a día somos espectadores de numerosos casos de corrupción o deslegitimación que no hacen más que en la calidad de la democracia.  Parece obvio por tanto, pero no por ello menos necesario, que expongamos las principales ventajas que tiene reforzar las relaciones entre ciudadanos e instituciones públicas. Entre ellas destacamos las siguientes  tres ejes de participación ciudadana, esto es, la información, la consulta y la respuesta de las autoridades, esto proporciona una mejor base para la elaboración de políticas públicas, lo que convierte a ésta en una tradición en constante aprendizaje.

“La participación ciudadaniza el ciclo de vida de las políticas públicas, otorgándoles mayor legitimidad, dotando a la democracia de mayores atributos”
La participación ciudadana ofrece a los ciudadanos una oportunidad magnífica para familiarizarse con los proyectos de la administración pública, para aportar su punto de vista y para contribuir en la toma de decisiones. La administración pública ofrece flexibilidad, lo que la vuelve más creíble ante los ojos del ciudadano, poseedor de la soberanía del Estado. Al generar confianza en la administración y al mejorar la calidad de las políticas públicas, el aumento y consolidación de las relaciones público- ciudadanas aumenta la legitimidad del gobierno.

Incrementando y apostando por la participación ciudadana lo hacemos también en transparencia y control ciudadano. Es por ello que el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos promociona una ciudadanía activa y participativa, favoreciendo con ello el arraigo en la sociedad. Además, con ello  se estimula el compromiso de la ciudadanía con la gestión pública, incitándolos, por ejemplo, a participar e involucrase en las decisiones o debates públicos o a participar en el tejido asociativo de la sociedad

En ese ámbito el Estado de Chile cuenta con 4 herramientas jurídicas administrativas para  implementar la participación como un eje transversal de la gestión pública, estas son:  

CARTA IBEROAMERICANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la Cumbre   Iberoamericana de Jefes de Estado y  de Gobierno realizada en Portugal, en noviembre de 2009,  se  refrendó,  como punto 38 del Plan de Acción,  la adopción de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Este instrumento regional había sido acordado, con anterioridad, por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, que tuvo lugar en Lisboa los días 25 y 26 de junio del mismo año. El texto base de la Carta que conocieron  las y los Ministros fue trabajado previamente en una Reunión de Expertos que convocó el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en La Paz, Bolivia.  Los objetivos de esta Carta son los siguientes:

Fijar las bases conceptuales y los componentes que constituyen la participación ciudadana en la gestión pública, como forma de mejorar la calidad de las democracias en Iberoamérica.
Definir los contenidos básicos del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a participar en la gestión pública.
Establecer un marco de principios rectores e instrumentos que contribuyan a alcanzar un lenguaje común en relación a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la gestión pública.
Servir como orientación para el desarrollo y la consolidación de modelos nacionales de participación ciudadana en la gestión pública.
Recrear el necesario vínculo de confianza de los Gobiernos y sus respectivas Administraciones, en los ámbitos nacional, regional y local, con los ciudadanos y las ciudadanas, facilitando la información, la comunicación y la participación de éstos.

COMPROMISO DE GOBIERNO ABIERTO

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) es una iniciativa multilateral voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. En sus primeros dos años, OGP creció de 8 a 60 países participantes, los cuales trabajan con sociedad civil local para desarrollar e implementar un plan de acción nacional de gobierno abierto. Estos planes de acción nacionales incluyen compromisos para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. OGP ha establecido un Mecanismo Independiente de Evaluación (IRM – Independent Reporting Mechanism) para evaluar periódicamente el avance de cada gobierno en lo que respecta a sus compromisos, promoviendo así una mayor rendición de cuentas a nivel país. OGP es supervisado por un Comité Directivo integrado por un número igual de representantes de gobiernos y sociedad civil, un modelo único que personifica el objetivo de participación cívica.

OGP busca que, de manera sostenida,  los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos – con el objetivo final de mejorar la calidad del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Esto requiere un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración genuinos entre gobierno y sociedad civil. OGP se propone apoyar tanto a reformadores de gobierno como de sociedad civil para elevar al gobierno abierto a los niveles más altos del discurso político, proveer cobijo a reformas difíciles, y crear una comunidad de práctica de reformadores en la materia a nivel global.

Ahora que la Alianza está establecida, y ha crecido significativamente, nuestro principal objetivo durante los próximos dos años será asegurarnos que hay cambios reales en la mayoría de los países que participan en OGP y que estos cambios benefician a sus ciudadanas y ciudadanos.

LEY N°20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Por otra parte, establece la participación como un derecho ciudadano, agregando a la Ley Orgánica Constitucional  de Bases Generales de Administración del Estado el título de la Participación Ciudadana en le Gestión Pública, señalando que los órganos de la administración del Estado deberán ““establecer las modalidades formales y específicas de  participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.

En el plano local, instaura una nueva institucionalidad denominada “Consejos Comunales de la Sociedad Civil” que reemplaza  a los  CESCOS con responsabilidades concretas, y además señala que la figura de Ordenanzas Municipales deberá  indicar los instrumentos o  medios en los cuales se materializará la participación en el nivel comunal.

Sin embargo entendemos y comprendemos  que aún existen algunos elementos que inciden de manera negativa en la baja participación ciudadana en el ámbito público y radican principalmente por poseer una estructura estatal que se basa en principios de administración que no están acorde a los tiempos que vivimos, para ello se hace necesario generar mecanismos inclusivos y participativos, donde la opinión e incidencia ciudadana tengan cabida y jueguen un rol determinante en el ejercicio de la democracia.

INSTRUCTIVO 007 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Instructivo 007 de Participación Ciudadana instruye a los diferentes ministerios acerca de cuáles deben ser sus obligaciones o responsabilidades en materia de gestión pública participativa. Es destacable que se comprometa de manera práctica con la implementación definitiva de los mecanismos establecidos por la ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana y revisar y perfeccionar el diseño y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana hoy vigentes en los programas y políticas públicas.

La Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana introdujo un cambio paradigmático en cómo debía en adelante gobernarse la administración pública al establecer en nuestra legislación que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones.

Asimismo, el Instructivo, sugiere que los órganos de la Administración del Estado podrán incorporar otros mecanismos de participación ciudadana. Como señala el Circulo de Políticas Participativas “hubiese sido más consistente que los mecanismos sugeridos valiosos y necesarios para mejorar la calidad participativa de la gestión pública, fueran incorporados en la revisión y actualización de las Normas de Participación Ciudadana, que la Ley N° 20.500 introdujo en el nuevo Título IV de la Ley de Bases ya mencionada”

Para finalizar cabe señalar que la participación forma parte de un  proceso de redefinición de la relación Estado – Sociedad, donde el fortalecimiento de la sociedad civil es un eslabón fundamental para la construcción de democracia y ciudadanía. Sin embargo, el éxito de la participación  no depende exclusivamente  de la  existencia de mecanismos participativos por parte del Estado, sino que en un porcentaje importante de la capacidad de las contrapartes (sociedad civil) para hacerlos exigibles. Es decir, el mero acto administrativo o jurídico no resulta suficiente, por tanto, se requiere de una sociedad civil organizada para cumplir con el objetivo de incidir en el diseño, ejecución o evaluación de las políticas públicas.

Original en: http://politicacomunicada.com/gestion-publica-participativa-en-chile/